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El “indulto” a la depuradora de Vuelta Ostrera es un “engaño más” del PP a cántabros, según el PSOE

Depuradora Vuelta Ostrera. Cortiguera-Suances

El grupo parlamentario socialista ha asegurado este jueves que el “indulto” a la depuradora de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa un sentencia de derribo del Tribunal Supremo, es “un engaño más” del PP a los cántabros.

En una rueda de prensa, el diputado socialista Miguel Ángel Palacio ha afirmado que los ‘populares’ en los seis meses que llevan al frente del Gobierno de Cantabria “no han hecho nada” para conseguirlo y no lo van a hacer para ello, a pesar de que en la campaña electoral anunciaron su intención de salvar esta depuradora.

Palacio ha recordado que las sentencias del Tribunal Supremo “obligan” tanto a los ayuntamientos, como a las comunidades autónomas y al Estado.

Por otra parte, el socialista Miguel A. Palacio, ha añadido también que “llaman mucho la atención” las declaraciones del PP relativas a intentar un aplazamiento en la ejecución de la sentencia hasta la construcción de una nueva depuradora puesto que, según ha dicho, es algo que “ya está conseguido en este momento” en base a un acuerdo entre las partes implicadas: ARCA (la demandante); el Gobierno Central y el Tribunal Supremo.

Según Palacio, en ese mismo acuerdo, se incluye que los terrenos anexos a la depuradora –que habían sido añadidos en base a una posible ampliación que “no se dará en ningún caso”– vuelvan a su estado original, de marisma, parte de la sentencia que está ejecutando, según ha dicho, actualmente.

Con estas declaraciones, Palacio responde a las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, quien el pasado lunes reconoció que cada ves resulta “más difícil” encontrar formas de legalizar la depuradora de Vuelta Ostrera, en Suances.

El titular de Medio Ambiente afirmó en la Cámara regional que la solución le corresponde al Estado, y que lo que quiere el Ejecutivo cántabro es que se agoten “todas las vías posibles” para la legalización y, si resulta “imposible”, que se plantee entonces la expropiación del contenido de la sentencia, es decir, el indulto.

Fernández respondió así a una pregunta del propio Palacio, quien entonces le reprochó al Gobierno que haya permanecido de “brazos cruzados” sobre este asunto: ni para cumplir la sentencia de derribo ni para buscar su legalización.

La Ria San Martin y la curva de la Vuelta Ostrera, donde se levanto la ‘polémica’ depuradora

ALGUNOS ANTECEDENTES

21 noviembre 2005
El Supremo ordena la demolición de la Estación Depuradora de la Vuelta Ostrera (Cantabria). Anula un acuerdo del Consejo de Ministros (27 de abril de 2001) por no respetar la Ley de Costas

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo adoptado el 27 de abril de 2001 por el Consejo de Ministros, que declaró como zona de reserva una parcela de terreno de 87.450 metros cuadrados para la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Vuelta Ostrera, situada en la ría San Martín, en Suances, y ha ordenado la demolición de dichas obras, ya concluidas.

La sentencia estima así el recurso presentado por la Asociación Ecologista ARCA, contra el acuerdo del Consejo de Ministros que declaró zona de reserva la parcela en la que se ha construido la EDAR, para el saneamiento de la cuenca baja del sistema fluvial Saja-Besaya,  considerando que había alternativas a la ubicación de la estación depuradora fuera del dominio público marítimo-terrestre, que se excluyeron, y señala que el acuerdo del Consejo de Ministros no respetó la exigencia de la Ley de Costas de que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.
El fallo emitido por el Supremo estima el argumento de la asociación ecologista ARCA que consideró que el acuerdo del Consejo de Ministros incumplió “de forma manifiesta” el artículo 32 de la Ley de Costas, pues en este caso no era necesaria la ocupación de terrenos del dominio público para construir una depuradora, por cuanto existían otras alternativas para su ubicación.
En concreto, el estudio de alternativas citaba otras tres: Polanco, Hinojedo y Torrelavega, también al borde mismo de la ría San Martín de la Arena y cerca de la Vuelta Ostrera, pero que no ocuparían porción alguna de dominio público ni supondrían la destrucción y relleno de zona húmeda alguna.

CRITERIOS ECONÓMICOS
El Supremo destaca en la sentencia que sobre la Administración del Estado pesa, cuando decide reservarse la utilización de determinadas pertenencias del demanio, el deber de justificar que, “razonablemente”, no existía otro lugar, ajeno al elegido, que fuera apto para el cumplimiento del fin que es causa de la reserva.

Añade que, de igual forma, la presunción de legalidad de los actos administrativos “no excusa a la Administración del estado de ofrecer esa justificación cuando la misma es negada en el proceso” y concluye que ese deber y esa carga procesal no fueron satisfechos.

Indica al respecto que en el escrito de contestación a la demanda presentado por la Administración del Estado no hay, “explícitamente al menos”, más intento de justificación que el que refleja una frase: “si de lo que se trata es de depurar las aguas de un cauce, lo más razonable es que la instalación se realice en su desembocadura”.

Dicha justificación es “insuficiente” a juicio del Supremo ya que, según señala, el cauce se contamina por los vertidos que en él se hacen y por tanto, “cabe actuar sobre dichos vertidos, para depurarlos allí, o para conducirlos a un lugar que no tiene por qué ser el demanio, en donde sean depurados”.

Igualmente se refiere al escrito de contestación a la demanda presentado por el Gobierno de Cantabria que argumentó que cuando se aprobó el proyecto general de saneamiento de la cuenca fluvial Saja-Besaya, y se decidió la ubicación de la estación depuradora, los terrenos no formaban parte del demanio marítimo-terrestre, con lo que, según la Administración, “difícilmente puede atacarse la ubicación de la estación depuradora, previamente decidida a través de la invocación de hechos posteriores”.

Se trata de un argumento que el Supremo no comparte, “pues el acto administrativo impugnado no es el o los que se hubieran podido adoptar cuando la previsión técnica situaba la depuradora fuera del demanio, sino el acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado cuando ya se ha comprobado que se va a ubicar en la ribera del mar o de la ría”.

Por último, señala que en el acuerdo del Consejo de Ministros, lo único que se lee en su exposición que tenga relación con la justificación de la ubicación es que “la orografía de la zona y la necesidad de que la depuradora se halle próxima a la cuenca fluvial afectada por la necesaria depuración de los vertidos de aguas residuales que hoy se producen, imponen inexcusablemente la actual ubicación…”.

El Supremo considera sin embargo que no existe una justificación “razonable” para que concurra en este caso lo previsto en el reglamento de la ley de Costas, respecto a que se de una situación en la que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario el emplazamiento, no pueda ubicarse la instalación en los terrenos colindantes al demanio.

Por el contrario, este tribunal sí observa “una inclinación, por razones económicas y de no demora en la conclusión de la obra, de mantener un proyecto realizado cuando la previsión era que la estación depuradora, en sí misma, no se ubicaría en el dominio público marítimo-terrestre”.

Destaca finalmente que el único dictámen pericial practicado como prueba en los autos, y a solicitud de la parte demandante, ha sido la de un perito, licenciado en Ciencias Biológicas, que concluye que la única alternativa que suponía el relleno y la destrucción de zona húmeda es la de Suances.

Por ello, el Supremo concluye que el acuerdo del Consejo de Ministros no respetó la exigencia de la Ley de Costas de que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

Considera además que existían alternativas posibles fuera de dicho dominio y que se excluyeron, y estima el recurso presentado por ARCA, anulando el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001, que declaró zomo zona de reserva para el saneamiento de la cuenca baja del sistema fluvial Saja-Besaya, una parcela de dominio público marítimo-terrestre de 87.450 metros cuadrados, para construir la EDAR de Vuelta Ostrera, por no ser conforme a derecho, ordenando la demolición de las obras de la estación depuradora que ya han sido concluidas e inauguradas, aunque la misma no ha entrado aún en funcionamiento.

 

El Tribunal Supremo (TS) ordenó demoler la depuradora de Vuelta Ostrera, integrada en el saneamiento de la cuenca Saja-Besaya y construida por el Ministerio de Medio Ambiente en las marismas de Cortiguera (Suances). La construcción de esa depuradora ha supuesto una inversión cercana a los 24 millones de euros.

La decisión del TS se fundamenta en que la depuradora invade 87.450 metros cuadrados del estuario del río Besaya de manera injustificada, ya que existían otros emplazamientos posibles a 500, 1.300 y 3.500 metros de distancia del lugar elegido y sin invadir el dominio público.

La decisión judicial del Tribunal Supremo hace, según el entonces Consejero de Mº Ambiente, Francisco Martín, que la supervivencia de esta instalación “sea muy difícil”, declarando en enero de 2009 que el Gobierno regional va a seguir siendo “inflexible” para que la instalación se mantenga hasta que exista otra alternativa, sobre la que ya trabaja la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).

El presidente de este organismo, Jorge Marquínez, aseguró en diciembre de 2008 que en febrero del año siguiente la CHC presentaría la alternativa a la actual depuradora, cuyo funcionamiento ha permitido hasta ahora el Tribunal Supremo tras el acuerdo adoptado por la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y ARCA (la organización que recurrió su construcción) para no perjudicar el saneamiento de la cuenca del Besaya.

Martín explicó que la alternativa en la que está trabajando la CHC no sólo afecta a la ubicación de la depuradora sino a su tecnología, aunque ha insistido en que el mantenimiento de la instalación va a exigir “un tremendo ejercicio de diplomacia”.

Y aun así, ha señalado que dejar en pie la depuradora llevaría a una “situación de indefensión o de inestabilidad”, porque ha recordado que cualquier persona puede ahora pedir que se ejecute el derribo tras la sentencia de la Audiencia Nacional que señala que todo el terreno donde se ubica la instalación es de dominio público.

La supervivencia a largo plazo nunca estaría garantizada porque cualquier puede pedir la ejecución del derribo”, ha apostillado el consejero cántabro de Medio Ambiente.

Francisco Martín ha destacado la mejora de la calidad del agua del río Besaya gracias a esta depuradora, además de con las actuaciones llevadas a cabo por las empresas de la zona, como Sniace y Solvay, para reducir sus vertidos.

Todas estas actuaciones permitirán que “a partir de este verano” (2009), los ciudadanos puedan ya bañarse en el río Besaya, en cuya ría (ubicada en Suances) los pescadores “ya están viendo cambios importantes”, ha afirmado Martín, quien ha insistido en que “la calidad ecológica del agua está mejorando”.

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16 diciembre 2011 - Posted by | Uncategorized

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